En los últimos años, el impacto del cambio climático ha elevado la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, obligando a las comunidades en zonas de alto riesgo a replantearse su futuro. Cuando un huracán o una supertormenta golpea con fuerza devastadora, la pregunta se vuelve urgente: ¿es mejor volver a levantar lo perdido o abandonar el lugar para siempre en busca de mayor seguridad?
En 2012, esta disyuntiva dejó de ser un debate teórico para los residentes de Ortley Beach, una pequeña localidad situada sobre una estrecha barrera de arena en Toms River, Nueva Jersey. La llegada de la supertormenta Sandy arrasó con buena parte de sus calles, destruyendo más de doscientas viviendas y dejando cicatrices visibles y emocionales que todavía persisten. Más de una década después, aunque las casas han sido reconstruidas y el turismo ha regresado en parte, la sombra de un nuevo desastre sigue pesando sobre la comunidad.
La experiencia de Ortley Beach se ha convertido en un caso de estudio para investigadores que intentan comprender cómo reaccionan las poblaciones y las autoridades tras un desastre de tal magnitud. Un equipo dirigido por Laura Geronimo, de la Universidad Rutgers, analizó en profundidad el proceso de restauración de este enclave costero con el objetivo de identificar los factores que determinan las decisiones tras un evento climático extremo. Las conclusiones, que revelan tensiones entre intereses económicos, culturales y de seguridad, ofrecen lecciones valiosas para otras zonas costeras expuestas a riesgos similares.
Un debate que divide incluso a las autoridades
El estudio, publicado en la revista científica Risk Analysis, muestra que, aunque a nivel estatal y federal existe apertura a considerar la reubicación de comunidades vulnerables, en el ámbito local esta idea suele encontrar resistencia. Para muchos funcionarios municipales, la prioridad está en restaurar la infraestructura y las viviendas dañadas, asegurando así el retorno de los residentes y la preservación de la base tributaria. En palabras de Geronimo, este contraste refleja “una tensión cultural más amplia: debemos decidir si las medidas que tomamos deben centrarse principalmente en el bienestar de las personas o en la preservación del valor de los bienes inmuebles”.
Los investigadores entrevistaron a residentes, funcionarios locales, estatales y federales, y aplicaron cuestionarios diseñados para vincular valores, creencias y visión del mundo con las preferencias sobre el uso de fondos públicos. La pregunta central era directa pero compleja: ¿deberían destinarse recursos gubernamentales a ayudar a la población a permanecer en el lugar o a facilitar su traslado definitivo tras una catástrofe?
Los resultados muestran un escenario matizado. Tanto residentes como autoridades en diferentes niveles perciben la presión económica que supone adaptarse a un clima más extremo. Tras Sandy, algunas familias invirtieron más de 100 000 dólares en reconstruir y elevar sus viviendas para cumplir con los nuevos requisitos de seguridad frente a inundaciones. Además, el coste del seguro contra inundaciones se disparó, generando una carga económica que, para muchos, resultaba casi tan difícil de afrontar como la propia reconstrucción.
El peso de la historia y el apego al lugar
Entre los residentes de Ortley Beach que llevan décadas viviendo en la comunidad, la posibilidad de recibir asistencia gubernamental para seguir reconstruyendo genera sentimientos encontrados. Algunos temen que este tipo de ayuda distorsione el mercado inmobiliario costero y genere efectos adversos a largo plazo, como el encarecimiento artificial del suelo o la concentración de riesgos en zonas que deberían quedar deshabitadas. Otros, en cambio, consideran viable la opción de aceptar un programa de compra voluntaria de viviendas para trasladarse a zonas más seguras, siempre que se garantice una compensación justa.
El apego emocional a la comunidad, el estilo de vida junto al mar y el valor simbólico de las propiedades familiares influyen en la decisión. “Hay personas que no conciben vivir en otro lugar, aunque eso signifique asumir riesgos elevados”, señalan los autores del estudio. Este arraigo cultural y personal es uno de los mayores obstáculos para implementar planes de reubicación preventiva, incluso cuando el riesgo objetivo de futuras inundaciones es alto.
La mirada desde los distintos niveles de gobierno
A nivel federal y estatal, muchos funcionarios comparten las preocupaciones de los residentes sobre los altos costos de la reconstrucción repetida. Estas instancias suelen estar más abiertas a explorar medidas de adaptación proactiva, como programas de compra voluntaria de propiedades, incentivos para trasladarse o inversiones en infraestructuras de defensa costera.
En cambio, para los gobiernos locales, el mantenimiento de la base fiscal mediante el impuesto a la propiedad es un factor decisivo. La pérdida de viviendas y negocios implica una reducción de ingresos que puede comprometer la prestación de servicios municipales y la estabilidad financiera. Esta dependencia fiscal genera un incentivo poderoso para impulsar la reconstrucción, incluso en zonas que, objetivamente, seguirán expuestas a riesgos graves.
Geronimo subraya que este dilema no es exclusivo de Ortley Beach y que muchas comunidades costeras de Estados Unidos y de otros países enfrentan la misma contradicción. “Nuestro trabajo sugiere que no basta con señalar el riesgo: las soluciones deben abordar los aspectos económicos y culturales que hacen que la gente y las autoridades prefieran quedarse a pesar del peligro” explica.
Costos crecientes en un contexto incierto
La investigación también revela que las estrategias de respuesta y adaptación están condicionadas por la creciente incertidumbre climática. El aumento del nivel del mar y la previsión de tormentas más intensas hacen que las inversiones en reconstrucción puedan quedar obsoletas en pocas décadas. Esto plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto tiene sentido invertir grandes sumas en volver a edificar en lugares que probablemente sufrirán daños similares o peores en el futuro cercano?
Algunos expertos abogan por redirigir recursos hacia medidas preventivas, como reforzar las defensas costeras con diques, restaurar dunas y marismas naturales o, directamente, planificar la retirada estratégica de las comunidades más expuestas. Sin embargo, estos enfoques requieren voluntad política, financiación sostenida y, sobre todo, aceptación social, algo que no siempre se logra.
El valor de las alternativas y la necesidad de datos sólidos
El equipo de Rutgers destaca que, para que opciones como la reubicación voluntaria sean viables, es fundamental contar con pruebas claras de sus beneficios económicos a largo plazo. Esto incluye no solo el ahorro en costes de reconstrucción tras futuros desastres, sino también el impacto positivo en la seguridad de las personas, la reducción de primas de seguros y la recuperación de ecosistemas costeros.
“Existe una necesidad urgente de generar evidencia que permita a las comunidades y a los responsables políticos evaluar seriamente alternativas que hoy se consideran poco prácticas o impopulares” señala Geronimo. Sin datos concretos, las decisiones tienden a favorecer el statu quo, incluso cuando este implica riesgos y costos recurrentes.
El caso de Ortley Beach, con su experiencia de destrucción, reconstrucción y persistente vulnerabilidad, es un recordatorio de que el cambio climático no es solo un desafío ambiental, sino también un reto social, económico y cultural. Lo que está en juego no es únicamente dónde vivirán las personas, sino cómo las sociedades eligen enfrentar un futuro en el que las tormentas extremas serán cada vez más frecuentes.
Fuente científica:
Geronimo, L., Payne, W.B., Andrews, C.J., Gilmore, E.A. and Kopp, R.E. (2025), Cultural and Institutional Factors Driving Severe Repetitive Flood Losses: Insights From the Jersey Shore. Risk Analysis. https://doi.org/10.1111/risa.70091
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